El balance de Magín Benítez sigue tambaleando: combustible por G. 279 millones sin registro ni respaldo
- La falta de trazabilidad en el uso de combustibles se suma a las razones del rechazo de la ejecución presupuestaria 2024.
- No hay registros de consumo, ni vehículos identificados, ni respaldo técnico de las órdenes de pago.
- La Junta Municipal advierte posibles desvíos de recursos públicos y eleva el caso a la Contraloría y el Ministerio Público.
El cuestionado balance del intendente Magín Benítez suma otro elemento crítico que refuerza el rechazo de la Junta Municipal de Villarrica: el uso de G. 279.173.972 en combustibles durante el ejercicio 2024 sin trazabilidad ni documentación válida que justifique el gasto.
De acuerdo con el dictamen elaborado por las comisiones de Hacienda y Legislación, con el respaldo técnico del asesor contable Gerardo Gavilán, la Municipalidad no implementó un sistema de tarjeta flota ni registro formal del consumo de combustibles. “No existe constancia de qué vehículos fueron abastecidos, qué trayectos realizaron ni quiénes autorizaron las cargas”, señala el documento.
El informe precisa que los pagos a PETROPAR se realizaron mediante órdenes que no incluyen detalles mínimos exigidos por la Guía Básica de Rendición de Cuentas de la Contraloría General de la República, como números de matrícula, hojas de ruta, vales de carga o informes de consumo. En varios casos, incluso se menciona que el combustible habría sido destinado a vehículos particulares sin autorización institucional.
Para la Junta Municipal, esto representa una grave falta administrativa y una violación directa a los principios de legalidad, control y transparencia. “El combustible es un recurso público de alto riesgo, y su uso sin trazabilidad abre la puerta a desvíos o malversaciones”, advirtió una fuente del cuerpo legislativo.
Este episodio se suma a una cadena de irregularidades ya detectadas en la ejecución presupuestaria del jefe comunal, como pagos por G. 317 millones sin respaldo en servicios y una inversión de G. 6.744 millones en obras del Terminal de Ómnibus sin contratos ni informes técnicos. Todos estos elementos fundamentaron el rechazo unánime del balance presentado por el Ejecutivo municipal.
La Junta Municipal ya resolvió remitir los antecedentes del caso a la Contraloría General de la República y al Ministerio Público, por la posible comisión de hechos punibles como “malversación, lesión de confianza y administración en provecho propio”. Mientras tanto, crecen las voces que exigen una intervención institucional en la Municipalidad de Villarrica.
