Falta de documentos en gasto millonario de la Terminal complica el balance 2024 de Villarrica
- La Junta Municipal de Villarrica detectó un gasto superior a G. 6.700 millones sin documentación en obras del Terminal de Ómnibus.
- No hay contratos, informes técnicos ni actas de recepción que respalden la ejecución.
- La fiscalización técnica fue reemplazada por concejales, en una práctica considerada irregular.
El rechazo a la Ejecución Presupuestaria 2024 del intendente Magín Benítez por parte de la Junta Municipal de Villarrica sacó a la luz uno de los casos más alarmantes de presunta irregularidad administrativa en el municipio: el uso de G. 6.744.772.127 para obras en el nuevo Terminal de Ómnibus, sin ninguna de las documentaciones mínimas requeridas por la normativa vigente. “No existen contratos, resoluciones, informes técnicos ni actas de recepción que avalen semejante inversión”, se señala en el dictamen elaborado por las comisiones de Hacienda y Legislación, con asesoramiento técnico del contador Gerardo Gavilán.
El informe detalla que la millonaria erogación carece de aprobación del Plan Anual de Contrataciones (PAC), ni cuenta con facturas ni documentos administrativos que justifiquen legalmente el gasto. La preocupación aumenta al conocerse que los encargados de inspeccionar las obras no fueron técnicos municipales ni profesionales del área, sino concejales, quienes asumieron funciones de fiscalización en un procedimiento considerado irregular por el propio cuerpo legislativo. “Se trata de una sustitución indebida del control técnico institucional”, advirtió una fuente del seno de la Junta.
La magnitud del monto –equivalente a casi todo un año de presupuesto de obras menores para la ciudad– convierte este episodio en uno de los más graves señalados en la ejecución del intendente. La falta de garantías documentales y técnicas no solo vulnera los principios de transparencia, sino que abre la puerta a investigaciones por posibles hechos punibles. La Junta ya resolvió remitir los antecedentes a la Contraloría General de la República y al Ministerio Público por presuntos indicios de “malversación de fondos públicos” y “lesión de confianza”.
Este capítulo suma presión sobre la gestión de Magín Benítez, que atraviesa un creciente aislamiento político dentro del gobierno municipal. El caso del Terminal de Ómnibus podría convertirse en el detonante de pedidos formales de intervención y acciones legales ante la presunta administración irregular de recursos públicos.
