Corte Suprema de Justicia detecta graves irregularidades en causas por delitos ambientales

• La Corte Suprema de Justicia detectó graves irregularidades en causas por delitos ambientales y convocará una mesa de diálogo con la Fiscalía para unificar criterios y reforzar la lucha contra estos crímenes.
• El ministro Víctor Ríos Ojeda denunció maniobras sistemáticas para cambiar la calificación de delitos ambientales durante audiencias preliminares, permitiendo beneficios indebidos a los acusados.
• Ríos advirtió sobre una posible complicidad o desconocimiento de la ley por parte de fiscales y jueces, y anunció que, tras las auditorías, se tomarán medidas para depurar responsabilidades.

La Corte Suprema de Justicia (CSJ) convocará a una mesa de diálogo con la Fiscalía General del Estado para unificar criterios en la persecución de delitos ambientales, tras detectarse graves irregularidades en diversas causas. La iniciativa fue propuesta por el ministro de la CSJ, Víctor Ríos Ojeda, durante la última sesión del pleno, y fue aprobada por la máxima instancia judicial.

Ríos expresó su preocupación por las irregularidades halladas tras una auditoría de casos relacionados con delitos contra el medio ambiente. Denunció un patrón reiterado en el que fiscales imputan y acusan aplicando tipos penales con penas que no permiten la suspensión condicional del procedimiento. Sin embargo, durante la audiencia preliminar, la defensa solicita modificar la calificación jurídica sin cambiar los hechos fácticos, lo que permite acceder a beneficios indebidos.

“El Ministerio Público acusa, llega a la audiencia preliminar y allí se modifica la calificación del delito para permitir la suspensión condicional. Es como si alguien matara a otro en una emboscada, y después dijera que solo fue una lesión grave, sin cambiar los hechos”, ejemplificó Ríos.

Entre los casos más llamativos, Ríos mencionó a un acusado que, además de beneficiarse con la suspensión condicional, fue designado como su propio asesor de prueba. “Deforestó 30 hectáreas y se comprometió a reforestar solo 10, siendo él mismo su propio controlador. Es un negocio redondo”, criticó.

El ministro también citó el caso de Miguel Antonio Bibolini Barriocanal y Nicol Bibolini Bohn, acusados por la deforestación de unas 3.000 hectáreas en el Chaco, en el que se repitió el mismo esquema. La jueza Penal de Garantías Fany Aurelia Cáceres Barrios dio trámite de oposición a la petición de la fiscala Laura Ávalos, y el expediente sigue en revisión.

Ríos cuestionó duramente las sanciones impuestas, que considera irrisorias y sin impacto real en la restauración del daño ambiental. “Es una burla que destruyan un río o humedales y solo les impongan donar computadoras a una escuela. La destrucción de las bases naturales de la vida no se compensa con pequeños regalos”, sentenció.

El ministro advirtió que estas prácticas demuestran una grave falta de rigor o incluso complicidad, y subrayó que, tras las auditorías y revisiones en curso, se tomarán las decisiones necesarias para depurar responsabilidades y garantizar una política ambiental seria y efectiva.