Diputados aprueban proyecto que penaliza el ingreso de celulares a cárceles
- La Cámara de Diputados aprobó un proyecto de ley que castiga con hasta siete años de cárcel a quienes ingresen dispositivos de comunicación en centros penitenciarios
- Diputados alertan que la debilidad del sistema de inhibidores de señal permite a reclusos mantener comunicación con el exterior para delinquir.
- La Cámara Baja también contempla la penalización de la tentativa, en un esfuerzo por cerrar vías a la criminalidad organizada desde dentro del sistema penitenciario.
La Cámara de Diputados aprobó con modificaciones un proyecto de ley que prohíbe la introducción no autorizada de teléfonos celulares, equipos informáticos y otros dispositivos de comunicación en centros penitenciarios y establecimientos educativos bajo régimen de encierro. La propuesta fue remitida a la Cámara de Senadores para su análisis y eventual sanción definitiva.
El proyecto establece penas de entre dos y siete años de prisión para quienes infrinjan esta prohibición, con castigos más severos para funcionarios públicos o proveedores autorizados que participen en la introducción de los dispositivos. También se contempla la penalización de la tentativa, aunque no se haya concretado el uso del equipo.
Durante el tratamiento en el pleno, varios diputados argumentaron que el uso de celulares dentro de las cárceles facilita la comisión de delitos como extorsiones, tráfico de drogas, estafas informáticas, homicidios y hasta la planificación de fugas. “Los reclusos, a través de estos dispositivos, pueden coordinar una amplia gama de actividades criminales desde el interior de los penales”, señala parte de la exposición de motivos presentada por el proyectista, el diputado José Rodríguez (ANR-HC).
El proyecto también reconoce que el sistema de inhibición de señales actualmente implementado en las cárceles presenta fallas técnicas, lo cual permite el uso esporádico o continuo de teléfonos móviles por parte de los internos.
Tras un amplio debate centrado en las deficiencias del sistema penitenciario y el aumento de la criminalidad, la Cámara Baja otorgó media sanción al proyecto, considerado clave para fortalecer la seguridad dentro y fuera de los centros de reclusión.
