Kattya González insiste con noveno urgimiento por su expulsión del Senado
- A más de un año de su expulsión, Kattya González presentó el noveno urgimiento ante la Corte Suprema de Justicia por la acción de inconstitucionalidad que sigue sin resolución.
- La ex senadora insiste en que hay un acuerdo entre el cartismo y la Corte para frenar la sentencia.
- La falta de conformación total de la Sala Constitucional mantiene estancado un caso clave sobre la pérdida de investidura en el Congreso.
A un año y dos meses de su expulsión de la Cámara de Senadores, la ex parlamentaria Kattya González presentó su noveno urgimiento ante la Corte Suprema de Justicia, exigiendo el acuerdo y sentencia en la acción de inconstitucionalidad que promovió tras perder su banca el 14 de febrero del 2024.
La acción judicial presentada por González busca que se revise la legalidad de la resolución 431, impulsada por el sector cartista y sus aliados, que avaló su expulsión de la Cámara Alta. Hasta la fecha, la Corte Suprema no ha logrado conformar completamente la Sala Constitucional que debe definir la legitimidad del proceso.
Los ministros César Diesel, Gustavo Santander, Víctor Ríos, Alberto Martínez Simón, Carolina Llanes, Manuel Ramírez Candia, Luis María Benítez Riera y el camarista Miguel Ángel Rodas ya aceptaron integrar la sala. Sin embargo, la falta de un noveno integrante, tras las inhibiciones de César Garay Zuccolillo y Eugenio Jiménez, sigue trabando el tratamiento de fondo.
Ante esta dilación, Kattya González advirtió sobre un supuesto pacto para frenar el caso: “Esto es complicidad con el abuso de poder y el atropello al Estado de derecho”. La ex senadora ya había denunciado anteriormente un acuerdo entre sectores de la Corte y el cartismo, lo que, según ella, explica la lentitud del proceso.
González, una de las voces más críticas del oficialismo en el Senado, fue expulsada por 23 votos, entre ellos cuatro de legisladores liberales y tres ex miembros de Cruzada Nacional. Desde entonces, ha mantenido activa su lucha por revertir la pérdida de investidura, al tiempo que apunta a la necesidad de restablecer garantías institucionales y frenar lo que considera “una persecución política disfrazada de legalidad”.
