Abogado de la familia Quintana exige nueva investigación tras declaraciones del suboficial Florentín

• El abogado Guillermo Duarte Cacavelos pidió que se abra una nueva investigación tras las declaraciones del suboficial Gustavo Florentín, quien afirmó que recibió ofrecimientos de dinero y una vivienda por parte del exministro del Interior, Lorenzo Lezcano, para asumir la culpa por el asesinato de Rodrigo Quintana.
• Graves acusaciones sacuden el caso Quintana: el suboficial Gustavo Florentín denunció que altos mandos policiales y políticos le ofrecieron beneficios para cargar con la culpa del crimen. La defensa de la familia exige una investigación que llegue hasta las verdaderas cabezas del operativo.
• Cruces de llamadas, geolocalización y testimonios apuntan a una operación coordinada desde el más alto nivel para reprimir y frenar protestas contra la enmienda constitucional. La defensa de la familia Quintana exige que se investigue el rol de Críspulo Sotelo, Lorenzo Lezcano y José Ortíz.

El abogado Guillermo Duarte Cacavelos, representante legal de la familia del joven liberal Rodrigo Quintana, reiteró la necesidad de abrir una nueva investigación a raíz de las recientes declaraciones del suboficial Gustavo Florentín, único acusado por el homicidio ocurrido en la sede del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) en abril de 2017.

Florentín declaró nuevamente que el entonces ministro del Interior, Lorenzo Lezcano, le ofreció una vivienda y una suma de dinero a cambio de asumir la responsabilidad por la muerte de Quintana. Esta denuncia, que ya había sido realizada en 2017, no fue debidamente investigada por el Ministerio Público, según lamentó el abogado.

“Florentín no llegó solo, obedeció órdenes junto con otras fuerzas policiales. Sus declaraciones no tienen desperdicio y ameritan una investigación paralela de inmediato”, sostuvo Duarte Cacavelos.

Según el letrado, el testimonio del suboficial detalla cómo y bajo qué órdenes se ejecutó el operativo que terminó con el fatal desenlace en la sede del PLRA. Añadió que las altas cúpulas policiales estaban en coordinación para realizar un ingreso violento a dicha sede partidaria, y que el suboficial simplemente cumplía órdenes superiores.

Además, Duarte Cacavelos denunció que el Ministerio Público nunca analizó por completo los registros de cruces de llamadas entre los principales jefes policiales. Esos datos —que incluyen números de teléfono, horarios, geolocalización y duración de las llamadas— evidencian, según indicó, una coordinación directa entre Críspulo Sotelo, comandante policial en ese entonces, y José Ortíz, asesor del expresidente Horacio Cartes, quien se encontraba en el Palacio de Gobierno la noche del operativo.

“Recién cuando Mario Abdo Benítez asumió la presidencia se ordenó analizar esos datos, y allí comenzaron a surgir elementos reveladores sobre la estructura de mando detrás del operativo”, explicó.

El abogado también puso en duda los verdaderos objetivos del ingreso a la sede del PLRA. Según sus declaraciones, existiría la hipótesis de que el ataque buscaba la aprehensión de líderes políticos opositores, particularmente de Efraín Alegre, entonces presidente del partido, con el fin de desactivar movilizaciones en contra del proyecto de enmienda constitucional que habilitaría la reelección presidencial.

La noche del asesinato, Alegre había sido atendido en un centro médico tras recibir impactos de balines de goma durante las protestas frente al Congreso, pero luego se dirigió a su domicilio. Su hijo, sin embargo, regresó a la sede del partido en la camioneta de su padre. Apenas diez minutos después, llegó el pelotón policial que ejecutó el operativo.

“Sospechamos que querían aprehender a los líderes políticos como instigadores de la quema del Congreso y continuar con la sesión al día siguiente. Querían frenar las movilizaciones como sea”, puntualizó Duarte.

A pesar de la gravedad de estas denuncias y de la existencia de elementos probatorios, el abogado expresó su escepticismo respecto a que la Fiscalía inicie una causa paralela. No obstante, sostuvo que el Tribunal aún puede ordenar de oficio la apertura de una nueva investigación que apunte a determinar responsabilidades más allá de Florentín, incluyendo al propio Lezcano y otros involucrados.

“No hay una real intención de esclarecer quién dio la orden. El tribunal puede investigar, tiene los elementos. Solo falta voluntad”, concluyó.