Audiencia pública en Departamento de Caaguazú revela esquema de estafa con jueces involucrados
- Una audiencia pública en el Centro Cultural de la Gobernación de Caaguazú reveló un grave esquema de estafa con pagarés falsificados que afecta a decenas de ciudadanos del departamento. El senador Mario Varela lideró la recepción de las denuncias.
- Docentes, jubilados y trabajadores del departamento de Caaguazú denunciaron embargos sin notificación previa, en juicios armados con documentos y firmas fraudulentas. La investigación ya abarca más de 700 casos a nivel nacional.
- “Se violaron derechos fundamentales como el debido proceso”, afirmó el senador Mario Varela, quien junto a la Defensoría Pública instó a que más víctimas de la región se acerquen a pedir asistencia legal.

Una audiencia pública realizada el sábado pasado en el Centro Cultural de la Gobernación de Caaguazú destapó una red de estafas con pagarés que afecta a ciudadanos de distintas ciudades del departamento. El evento fue encabezado por el senador Mario Varela, miembro del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), quien recibió denuncias de víctimas provenientes incluso de zonas alejadas como el Chaco y Concepción, aunque el mayor volumen de casos corresponde a Caaguazú.
“Tuvimos una audiencia pública a iniciativa de victimar este esquema de estafa que operaba con firmas de abogados y jueces de paz, lo cual es una barbaridad”, expresó Varela en una entrevista con el programa Hablando Claro, emitido por Radio América 95.3 FM y Canal 4 TVCSA. “Muchos de ellos fueron enjuiciados por el JEM y otros han renunciado a sus cargos sin que eso signifique que estén fuera de un proceso penal”, señaló.
Las víctimas —en su mayoría docentes, jubilados y personas de clase media y baja— denunciaron haber sido embargadas sin haber sido notificadas debidamente de los juicios. “Hicieron supuestas notificaciones que finalmente no fueron efectivas, porque eran montajes”, explicó el senador. “En simultáneo notificaban a varias personas en la misma hora, mismo día y con el mismo notificador, cosa que es imposible. Se hizo todo a propósito para que el demandado no pueda comparecer”.

La gravedad del caso motivó la presencia de autoridades de la Fiscalía General del Estado, en especial de la Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción (UDEA). Participaron la Dra. Soledad Machuca, fiscal adjunta especializada en delitos económicos; la Dra. Belinda Bobadilla, el fiscal Leonardi y el fiscal Arce, quienes están al frente de las investigaciones.
También se sumó la Defensoría Pública, representada por el Dr. Edgar Ríos Parquet, que ya está brindando asistencia legal a personas en estado de indefensión. “Desde la comisión vamos a trabajar directamente con la Defensoría”, aseguró Varela, y agregó que ya se investigan más de 700 casos en todo el país.
En su rol como integrante del JEM, el senador confirmó que cinco jueces de paz de la capital ya fueron denunciados, de los cuales dos renunciaron y los demás se encuentran suspendidos. “Es muy grave lo que está pasando porque son funcionarios que deberían velar por la justicia”, lamentó.
A nivel regional, Caaguazú es uno de los departamentos más afectados. En ese sentido, Mario Varela hizo un llamado a quienes aún no hayan presentado su caso: “Toda persona afectada por este esquema de estafa puede acercarse a la Defensoría Pública, que funciona en el edificio del Poder Judicial en cada ciudad, donde recibirán orientación y asistencia legal gratuita”.

El caso no solo pone en evidencia la vulnerabilidad de los sectores más humildes ante las estructuras delictivas, sino también la urgente necesidad de fortalecer los mecanismos de control y acceso a la justicia en el interior del país.