Denuncian despido de trabajadoras del Consorcio 2M tercerizado del IPS por presunta discriminación

• Cuatro empleadas del consorcio 2M, encargado de la alimentación en el hospital del IPS, denunciaron haber sido despedidas injustamente tras más de un año de servicio.
• Alegan que la empresa justifica su desvinculación con el vencimiento del contrato, pero sospechan que la verdadera razón es una discriminación interna.
• Mirta Irene Paredes de Romero, supuesta bogada vinculada a la empresa, rechazó las acusaciones de discriminación y recomendó a las trabajadoras acudir al Ministerio de Trabajo. Sin embargo, evitó dar explicaciones sobre los motivos reales de la desvinculación.

Cuatro empleadas del consorcio 2M, encargado del servicio de alimentación en el hospital de Ingavi del Instituto de Previsión Social (IPS), denunciaron haber sido despedidas por discriminación. Según una de las afectadas, quien prefirió el anonimato por seguridad, la desvinculación se produjo tras más de un año de trabajo, pese a que la empresa alega que solo habían cumplido el período de prueba de tres meses.

Durante la reunión en la que se les comunicó la decisión, una de las empleadas cuestionó el motivo de la desvinculación. “Sinceramente, no tiene sentido, nosotras nunca fallamos con la empresa”, expresó ante la jefa directa, Blanca Jara.

Sin embargo, la respuesta de la representante de la empresa, se mostró tajante. “El punto es que la empresa ya no quiere continuar con el servicio de ustedes, esa es la verdad. Y por motivos que ustedes ya saben”, expuso sin mencionar el supuesto motivo. .

Al ser consultada sobre si la decisión estaba relacionada con el hecho de que las despedidas habían compartido su almuerzo con una licenciada. “No mezcle las cosas. No tiene nada que ver. El punto es que ya hay orden de que ustedes no continúen. La jefa, Mirta Rivas, es la que dispone”, puntualizó.

Las denunciantes aseguran que fueron víctimas de hostigamiento por parte de una licenciada del hospital y que la situación se volvió insostenible en los últimos meses. “Los fines de semana eran muy intensos, pero desde hace unos meses comenzaron las persecuciones. Se agarraron conmigo y luego con mis compañeras, todo se volvió aterrador”, relató una de las afectadas.

Las trabajadoras despedidas tenían antigüedades que oscilaban entre un año y cuatro meses, y un año y dos meses, por lo que el argumento de la empresa sobre un período de prueba de tres meses resulta contradictorio.

Ante las acusaciones, Mirta Irene Paredes de Romero, quien se identificó como abogada de la empresa, se desligó de la situación y evitó dar explicaciones. “Yo no soy la dueña, yo trabajo con la empresa, pero en una empresa particular”, aseguró en contacto con OviedoPress, sugiriendo a las afectadas que recurran al Ministerio de Trabajo. “Si hay algo que reclamar, el Ministerio de Trabajo es el que debe intervenir”, agregó.

Sobre la versión de las trabajadoras de que el despido estuvo relacionado con una supuesta discriminación por orientación sexual, Paredes de Romero negó la posibilidad. “Eso no lo creo. Yo mismo tengo un sobrino que es homosexual y lo amo con mi vida. No creo que ese sea el motivo”, afirmó.

Las denunciantes anunciaron que mañana formalizarán la denuncia ante el Ministerio de Trabajo para que intervenga en el caso, además del Ministerio de la Mujer.