Justicia express: detenido por amenaza de muerte es liberado con privilegios en un día
- Gerardo Melgarejo, imputado por amenaza de muerte, lesión y amenaza de agresión sexual, fue liberado con beneficios tras solo 24 horas detenido, generando críticas sobre la efectividad de las medidas de protección.
- “Si hubiera una voluntad real de hacerlo, ya lo habría hecho”, advirtió Armando Mendoza, juez encargado del caso.
- La Policía Nacional es clave para garantizar la seguridad, pero ¿puede hacer cumplir una restricción de acercamiento si el agresor y la víctima son vecinos?
El caso de Gerardo Melgarejo, imputado por amenaza de muerte, lesión y amenaza de agresión sexual, ha generado un fuerte debate sobre la eficacia de las medidas de restricción de acercamiento. A pesar de la gravedad de las acusaciones, fue liberado con beneficios tras solo 24 horas de detención. La discusión surgió en el programa Hablando Claro, emitido por Radio América 95.3 FM, donde el juez encargado, Armando Mendoza, brindó detalles sobre la situación.
En la entrevista, se planteó la preocupación sobre la cercanía entre el agresor y la víctima. “Y si viven unos al lado del otro y está prohibido acercarse, ¿cómo se garantiza la seguridad de la víctima?”, cuestionó el entrevistador. La situación se vuelve aún más compleja al considerar que un arma de fuego puede alcanzar a la víctima incluso respetando la distancia establecida. “Si hubiera una voluntad real de hacerlo, ya lo habría hecho”, advirtió Mendoza.
El debate sobre la eficacia de las medidas cautelares no es nuevo. La ley impone restricciones y confía en que los organismos de seguridad garanticen su cumplimiento. “El Estado impone las medidas y da las garantías suficientes a través de la Policía Nacional“, explicó el juez. Sin embargo, la confianza en estas garantías no es absoluta.
El dilema persiste: ¿una orden de restricción es suficiente para prevenir nuevos hechos de violencia? En la práctica, la aplicación de la norma se enfrenta a desafíos que dejan abierta la discusión sobre la necesidad de reforzar los mecanismos de protección, especialmente cuando las medidas judiciales parecen favorecer al agresor en lugar de a la víctima.
