Suspenden licitación del MEC por US$ 6,6 millones tras denuncias sobre pliego de condiciones
- La Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) ordenó la suspensión temporal de la licitación del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) por US$ 6,6 millones para la compra de uniformes escolares.
- Cuatro empresas presentaron denuncias contra el PBC de la licitación de uniformes del MEC, alegando que los criterios exigidos, como la contratación de al menos 200 costureros en IPS y la capacidad de producir 10.000 prendas diarias.
- El MEC solicitó presupuestos a tres empresas para estimar el costo de los uniformes, pero se detectó que dos de ellas, Texcin Group y Grupo Basic, tienen como directivo a la misma persona: Andrés Gwynn, cercano a Horacio Cartes.
La Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) ordenó la suspensión temporal de la licitación del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) para la compra de uniformes escolares por un monto de US$ 6,6 millones. La decisión responde a nuevas protestas sobre los requisitos establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones (PBC), que fueron calificados como desmedidos y excluyentes para la mayoría de las empresas paraguayas.
La suspensión se formalizó mediante la resolución N° 269/25, firmada el 29 de enero por el titular de la DNCP, Agustín Encina Pérez. Este documento ordena detener el proceso de contratación y da curso a la investigación sobre las denuncias presentadas por cuatro empresas en contra del PBC.
El MEC había solicitado estimaciones de costos a tres empresas: Texcin Group, Grupo Basic y RyC Confecciones. Sin embargo, se detectó que dos de ellas, Texcin Group y Grupo Basic, tienen como directivo a la misma persona: Andrés Gwynn, cercano al presidente de la ANR, Horacio Cartes. De acuerdo con los presupuestos presentados, Texcin Group estableció un costo de G. 220.000 por cada paquete de uniformes (dos remeras y una campera azul marino), mientras que Grupo Basic propuso G. 254.000 y RyC Confecciones G. 243.000.
Las denuncias contra el PBC se centran en los exigentes requisitos impuestos a los oferentes, como contar con al menos 200 costureros en relación de dependencia registrados en IPS, la capacidad de producir 10.000 prendas diarias y disponer de maquinaria que cumpla con normas internacionales.
Estos criterios fueron considerados como barreras que excluyen a las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes). En total, se presentaron más de 158 consultas y objeciones ante Contrataciones Públicas en relación con el llamado.
Desde el martes, el ministro de Educación, Luis Ramírez, evitó pronunciarse sobre el tema y no respondió a las consultas de la prensa. Por su parte, el presidente de la República, Santiago Peña, había anunciado que los uniformes serían distribuidos en junio a estudiantes de 22 distritos priorizados según niveles de pobreza.
