Gobierno cede ante presión ciudadana y dice no al vertido de líquidos al río Tebicuary
- El presidente en ejercicio, Pedro Alliana, anunció que los residuos líquidos tratados serán enviados a la planta de ESSAP en Pindoty.
- La decisión surge tras una reunión con ministros y autoridades locales para adecuar la infraestructura sanitaria.
- La decisión genera cuestionamientos por la falta de estudios ambientales. Grupos ciudadanos siguen movilizados exigiendo mayor transparencia.
El Gobierno Nacional tomó la decisión de destinar los residuos líquidos tratados del Gran Hospital de Coronel Oviedo a la planta de tratamiento de la Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP), ubicada en la zona de Pindoty. El anuncio fue realizado por el presidente en ejercicio, Pedro Alliana, a través de sus redes sociales, donde destacó que la medida responde a instrucciones directas del presidente Santiago Peña.
La determinación se concretó tras una reunión de trabajo en la que participaron Alliana y los ministros de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), Claudia Centurión; Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES), Rolando de Barros; y Salud Pública y Bienestar Social (MSPyBS), María Teresa Barán. También estuvo presente el presidente de ESSAP, Luis Fernando Bernal, junto a equipos técnicos y autoridades locales.
“El objetivo es avanzar con las adecuaciones necesarias en la infraestructura de la planta de tratamiento de ESSAP en Coronel Oviedo, permitiendo así la disposición final del líquido tratado por la moderna Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) del Gran Hospital”, explicó Alliana en su comunicado.
Esta decisión marca un paso clave en el proceso de puesta en funcionamiento del Gran Hospital, una obra considerada estratégica para fortalecer la red sanitaria del país. Desde el Gobierno, aseguran que seguirán impulsando acciones que garanticen el bienestar de la ciudadanía y promuevan un desarrollo sostenible en materia de salud pública.
Sin embargo, la determinación no está exenta de cuestionamientos. Grupos ciudadanos y sectores políticos manifestaron preocupación por la falta de estudios detallados sobre el impacto ambiental de esta disposición final. A pesar de este anuncio, las movilizaciones en defensa del medio ambiente continúan vigentes, con la exigencia de mayor transparencia en el proceso.