Armando Javier Rotela y ocho subalternos irán a juicio por mortal motín en Tacumbú

• Los fiscales Fátima Girala y Marcial Machado presentaron acusación por varios hechos punibles contra el líder del Clan Rotela y nueve miembros; y solicitaron al Juzgado que la causa sea elevada a juicio oral y público.
• De acuerdo con la investigación, los acusados fueron responsables del motín que derivó del Operativo Veneratio con la muerte de un suboficial del Grupo Lince y nueve reclusos del Penal de varones de la capital.
• Según la conclusión de los representantes del Ministerio Público, los hoy acusados no pudieron haber actuado en defensa propia, por lo que sus actos son considerados antijurídicos.

Luego de un año de investigación, el Ministerio Público presentó acusación contra Armando Javier Rotela, líder del Clan criminal que lleva su apellido y ocho miembros de este, como responsables del motín registrado en la Penitenciaría Nacional de Tacumbú el 19 de diciembre del año pasado durante el Operativo Veneratio que derivó en la muerte de diez personas.

De acuerdo con la conclusión fiscal, Rotela junto con estos ocho subalternos, serían los responsables de la muerte de Martín Mendoza, suboficial perteneciente al Grupo Lince y los reclusos Fernando Antonio Vera Mareco, de 26 años; Hugo Javier López Godoy, 25; José Miguel Servín Ortiz, 33; César Daniel Núñez Monteggia, 34; Joel Sebastián Ríos Trinidad, 23; Felipe Israel Fretes Bogado, 31; Milner Gabriel Riveros Miranda, de 26 y Misael Paniega Torres de 28 años.

Los agentes fiscales Fátima Girala y Marcial Machado presentaron acusación contra Armando y los miembros de su organización delictiva y solicitaron que el juez penal de Garantías, Yoan Paúl López, que eleve la causa a juicio oral y público.

Además de Rotela, los acusados son Milciades Giménez Prieto, César Ramón Ortiz, Juan Valentín Insfrán Espínola, Miguel Ángel Saravia Medina, Lucas Ramón Duarte Rolandi, Oscar Ariel Cabello Azcona, Arsenio Erico Alvarenga Sosa y Alan Ricardo Caballero.

Todos ellos fueron acusados por motín de internos en calidad de coautores, transgresión a la Ley de Armas de Fuego, sus piezas y componentes, municiones, explosivos, accesorios y afines, además de asociación criminal, todos en calidad de coautores.

El Operativo Veneratio incluyó a policías y militares para retomar el control de la cárcel de Tacumbú, tras un motín que se había registrado y derivó en la toma de todo el penal por parte de los reclusos, incluso con guardiacárceles como rehenes y el robo de sus armas.

“Durante el operativo se ha observado la capacidad del primer anillo del clan, de resistir intervenciones policiales, utilizando armas blancas, armas de fuego y explosivos caseros tipo molotov y dinamita en gel. La resistencia y organización de estos miembros subraya su rol esencial en la protección y ejecución de las órdenes del líder”, señala la acusación.

También refiere que el grupo no solo se caracteriza por su capacidad de combate, sino también por el uso de símbolos no verbales y tatuajes que refuerzan su identidad y lealtad. “El puño cerrado”, como señal de pertenencia y el lema “Vencer o Morir”, son ejemplos de los códigos internos que manejan para comunicarse y reafirmar su compromiso con la organización, mencionan.

Asimismo, detallaron que la estructura jerárquica y simbólica criminal, junto con las comodidades que obtenían dentro del penal (como armas blancas, alcohol, y tecnología), demuestran el nivel de control y poder que ejercían en el mencionado penal.

“Tras las investigaciones quedó claro para la Fiscalía que los hoy acusados actuaron gravemente contra el orden público, la seguridad pública y la seguridad penitenciaria, al generar un clima de zozobra y violencia dentro y fuera del establecimiento penitenciario, y así perturbar gravemente el normal funcionamiento de las instituciones del Estado”, refiere además la acusación.

Finalmente, los fiscales sostienen que la conducta desplegada por los hoy acusados es considerada antijurídica y no puede decirse que hayan actuaron en defensa propia, ya que en todo momento, durante las seis horas que duró la intervención, se les dio la posibilidad de cesar con sus acciones vandálicas y no lo hicieron.