Ordenan prisión preventiva para abogada implicada en supuesto cobro indebido de indemnización de la ANDE
- La jueza penal de garantías, Dora Maciel González, ordenó la prisión preventiva de Carla Paola Fernández Llano, una abogada acusada de participar en un esquema de cobro indebido de una indemnización de la ANDE.
- La medida se produce tras la denuncia de Eliceo Quiroz, quien sostiene que nunca recibió la suma de 170 millones de guaraníes que le correspondía por los daños causados por una línea de transmisión eléctrica.
- Carla Paola intentó solicitar la aplicación de arresto domiciliario al presentarse ante el Juzgado Penal, pero su petición fue rechazada.
La jueza penal de garantías Dora Maciel González ordenó la prisión preventiva de la abogada Carla Paola Fernández Llano, quien enfrenta cargos por el supuesto cobro indebido de una indemnización emitida por la Administración Nacional de Electricidad (ANDE). Fernández Llano es acusada de retirar, junto a varios cómplices, un cheque por 170 millones de guaraníes que correspondía a una indemnización destinada a otra persona.
La abogada se presentó ante el Juzgado Penal para solicitar la medida de arresto domiciliario, pero su petición fue denegada, y actualmente permanece detenida en la Comisaría de San Miguel, Misiones. Según el Ministerio Público, Fernández Llano es la última de los implicados en presentarse ante la justicia en el marco de esta investigación, que está a cargo del fiscal Eduardo Alegre de San Juan Bautista.
De acuerdo con la denuncia presentada por Eliceo Quiroz, quien sería el beneficiario legítimo de los 170 millones de guaraníes como compensación por la instalación de una línea de transmisión eléctrica que afectó su propiedad, nunca recibió el monto que aparece en los registros de la ANDE. La investigación sugiere que un grupo de personas cobró este dinero en su lugar.
Además de Fernández Llano, otros tres individuos están imputados en el caso: Blás Amarilla Bresanovickn, Mario Hugo Villagra Galeano y la escribana Ada Luz Aceval Mazacote. Las autoridades judiciales continuarán con la recolección de pruebas para esclarecer el supuesto esquema de cobro indebido que afecta a la entidad estatal.
