Fiscalía ordena la detención de abogado en Coronel Oviedo en medio de un caso de disputa familiar

  • En medio de un litigio como defensor de Claudio Monzón, recibió una orden de detención preventiva emitida por la fiscal Gladis Torales de Ovelar, de la unidad penal número cuatro de Coronel Oviedo.
  • El incidente comenzó tras una denuncia de Monzón, cliente de Cañete, sobre amenazas de desalojo y coacción por parte de su expareja, Paola García.
  • Cañete afirma haber actuado como representante legal en el conflicto, pero se encuentra ahora implicado en una orden de detención que considera arbitraria e infundada.
El abogado Erculano Cañete en los estudios de OviedoPress. || OviedoPress

En un controvertido caso que puso en el centro del debate los procedimientos judiciales y los derechos de defensa, el abogado Erculano Cañete fue objeto de una orden de detención preventiva emitida por la fiscal Gladys Esther Torales de Ovelar, de la Unidad Penal N°4 de Coronel Oviedo.

Cañete, quien actúa como representante legal en un conflicto entre su cliente, Claudio Monzón Contreras, y su ex pareja, Paola García, expresó públicamente su inconformidad al considerar que la orden viola su derecho al ejercicio profesional y cuestionó la falta de claridad en la disposición.

Según el relato de Cañete, el 4 de octubre recibió una llamada urgente de Monzón solicitando su presencia en la propiedad de su cliente, ubicada en Mbutuy. Al llegar, Cañete afirma que presenció a García, acompañada por policías, irrumpir en el lugar, lanzando improperios hacia los presentes.

Ese mismo día, en la tarde, García retornó con su abogada, Sadie Concepción Díaz García, y dos personas más, portando una orden de desalojo del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT).

Ante las amenazas y alegatos de coacción por parte de García, Cañete y su cliente presentaron una denuncia en la Comisaría 23 de Cruce Mutuy. Sin embargo, el 23 de octubre, recibió una notificación de orden de detención preventiva en su contra. “Me enteré a través de un amigo que había una orden de detención dictada por la fiscalía. Me presenté voluntariamente en la fiscalía, solicitando el levantamiento de la medida, pero no obtuve respuesta”, comentó en una entrevista realizada en los estudios de OviedoPress Multimedios para el programa Hablando Claro emitido por Radio Mundo Sol.

Al no recibir respuesta, el abogado recurrió al juzgado penal de garantías de turno, argumentando que la disposición de la fiscal era una “medida dictatorial”.

La orden de detención preventiva se emitió bajo sospechas de coacción grave y violación de la Ley 4036 de armas de fuego. Sin embargo, Cañete manifestó desconocer los detalles de la imputación. “No tengo acceso a la carpeta fiscal, ni entiendo por qué se me involucra en un caso donde actuaba como representante legal”, señaló el abogado, cuestionando la falta de garantías de defensa y comparando el procedimiento con métodos de épocas dictatoriales.

Por su parte, la fiscal Gladys Torales defendió la legalidad de la medida, argumentando que responde al temor de la denunciante, Paola García, quien ha presentado videos en los que, según ella, un grupo de personas realiza disparos cerca de su vivienda. “La señora García se siente constantemente amenazada, y tememos por su seguridad y la de sus hijos. Ella ha reportado múltiples actos de coacción”, explicó Torales.

La fiscal también mencionó que se solicitó una orden de prohibición de acercamiento para proteger a García. “Lo que buscamos es resguardar a esta madre de familia que ha tenido que mudarse por su seguridad”, comentó. Además, Torales precisó que la detención de otras personas involucradas en el caso fue autorizada bajo cargos formales el lunes pasado y que se notificó al juzgado, que en respuesta pidió el expediente fiscal.

Este mismo lunes, cerca del mediodía, el juez penal de garantías Carlos Raúl Zelaya revisó el expediente y ordenó la libertad del abogado Herculano Cañete, a la vez que dispuso que se presente a declarar. La medida fue acatada por Torales, quien envió la carpeta fiscal al juzgado en cumplimiento de la orden judicial.

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