Funcionaria del Congreso implicada en estafa millonaria de indemnización por electrocución
- Anadelia Acosta Armoa, funcionaria del Congreso Nacional, es acusada de formar parte de un esquema fraudulento para la apropiación de G. 725 millones.
- Acosta Armoa está ligada a importantes figuras del Partido Colorado, incluido el diputado Miguel Del Puerto.
- Además, recientemente compró una camioneta Kia Sportage cero kilómetros, generando sospechas sobre la procedencia de los fondos tras la denuncia.
La investigación sobre la apropiación de G. 725 millones de la indemnización otorgada por la Administración Nacional de Energía (ANDE) a las familias de dos personas fallecidas por electrocución en la compañía Jagua Kai de Caaguazú reveló que Anadelia Acosta Armoa (32) una de las principales acusadas de formar parte de un esquema fraudulento, es funcionaria permanente del Congreso.
Acosta Armoa, es quien se presentó como gestora, se acercó a las familias afectadas junto a un abogado, ofreciéndose a realizar las gestiones necesarias para el cobro de la indemnización. Sin embargo, las familias fueron engañadas al hacerles firmar múltiples documentos y al informarles que habían recibido montos significativamente menores a los efectivamente entregados por la ANDE.
Acosta Armoa trabaja como funcionaria permanente del Congreso Nacional, comisionada a la Municipalidad de R.I. 3 Corrales, donde percibe un salario total de G. 5.500.000.
Está vinculada a varios referentes de la Asociación Nacional Republicana (ANR), como el diputado nacional Miguel Del Puerto, vicelíder de la bancada de Honor Colorado. Coincidentemente con el inicio de la investigación, la mujer adquirió una camioneta Kia Sportage cero kilómetros, hecho que divulgó en sus redes sociales.
A pesar de su posición como asesora y abogada en el Congreso, no se encontraron registros que validen su título y no cuenta con el registro necesario para ejercer el derecho.
Además, en su declaración jurada presentada en abril de 2024 no se listan bienes a su nombre, pero sí aparece una deuda de G. 15 millones y una carga alimentaria mensual de G. 4.800.000. La fiscalía continúa investigando el caso y se espera que se tomen medidas contra los involucrados en esta estafa millonaria.
Según la fiscal Norma Salinas, Acosta Armoa les comunicó a una de las familias que habían cobrado G. 50 millones, de los cuales le sustrajeron G. 5 millones como honorarios. A la otra familia, considerada más humilde, le dijeron que su cobro fue de G. 40 millones y le retuvieron G. 10 millones en concepto de honorarios.
Estos montos representan una fracción de los G. 800 millones que la ANDE había destinado para indemnizar a ambas familias.
