Peña nombra a Claudia Centurión en el Consejo de Itaipú en reemplazo de Lea Giménez
- Tras la renuncia de Lea Giménez a la jefatura del Gabinete y al Consejo de Administración de Itaipú, el presidente Santiago Peña ha nombrado a la ministra Claudia Centurión como su sustituta.
- El nombramiento se produce en medio de cuestionamientos legales y éticos por posibles incompatibilidades según la Constitución Nacional.
- El artículo 237 de la Carta Magna prohíbe a los altos funcionarios ejercer cargos adicionales.
El presidente de la República, Santiago Peña, designó este martes a la ministra de Obras Públicas y Comunicaciones, Claudia Centurión, como nueva integrante del Consejo de Administración de la Entidad Binacional Itaipú, en reemplazo de Lea Giménez, según lo establece el decreto oficial.
La designación de Centurión se produce tras la renuncia de Lea Giménez tanto a la jefatura del Gabinete de la Presidencia como a su puesto en el Consejo de Itaipú. Claudia Centurión, quien mantiene su cargo como ministra de Obras, no percibirá una remuneración adicional más allá de la prevista para su actual posición, de acuerdo con lo informado por fuentes oficiales.
Lea Giménez había sido nombrada al Consejo de Itaipú junto con otros altos funcionarios, como el ministro de Relaciones Exteriores, Rubén Ramírez Lezcano; el ministro de Economía y Finanzas, Carlos Fernández; y el ministro de Industria y Comercio, Javier Giménez. También forma parte del Consejo el asesor jurídico de la Presidencia, Roberto Moreno.
Estas designaciones generaron extensos debates debido a posibles incompatibilidades legales señaladas en la Constitución Nacional. El artículo 237 de la Carta Magna establece que tanto el presidente como el vicepresidente de la República no pueden ejercer otros cargos públicos o privados, ya sean remunerados o no, mientras duren sus funciones. Asimismo, el artículo 241 extiende esta restricción a los ministros, permitiendo únicamente la docencia como excepción.
La designación de Claudia Centurión en el Consejo de Itaipú agrega un nuevo capítulo a la serie de nombramientos realizados por el presidente Peña, que han sido objeto de críticas por parte de diversos sectores políticos y sociales, quienes consideran que estas decisiones podrían estar en conflicto con los principios de dedicación exclusiva establecidos en la Constitución.
