Enjuician a juez y fiscal acusados de violar la libertad de expresión de la periodista Mabel Portillo
- El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados determinará si investiga o enjuicia a fiscal Pedro Escalante que imputó a periodista por manifestarse contra la corrupción municipal y al juez Marcelo Ramírez que dispuso restricción de acercamiento a la intendenta.
- La impunidad no puede ser una opción cuando se trata de defender pilares fundamentales de la democracia.
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En medio de un clima de creciente preocupación por la libertad de prensa y expresión en Paraguay, el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) se encuentra ante una decisión trascendental. En su sesión ordinaria de este jueves 6 de junio, el órgano extrapoder deberá determinar si inicia una investigación preliminar o un enjuiciamiento contra un juez y un fiscal acusados de censurar a la periodista Mabel Portillo Vázquez.
La polémica se desató a raíz de una publicación periodística titulada “Piden duro castigo para jueces que violaron derecho a la libertad de expresión y prensa”, que fue puesta en conocimiento de los miembros del JEM el pasado 20 de febrero de 2024. Los antecedentes del caso fueron remitidos por el senador nacional Mario Varela, quien exigió una investigación exhaustiva sobre las acciones del juez Marcelo Ramírez y el fiscal Martín Escalada.
Según la denuncia presentada por la periodista guaireña Mabel Portillo Vázquez, el juez Penal de Garantías del Segundo Turno de Guairá, Marcelo Ramírez, habría impuesto medidas de prohibición de acercamiento a la intendente de Yataity, Gloria Duarte. Por su parte, el fiscal Pedro Escalada es señalado por haber imputado a seis personas, incluyendo a la comunicadora, por manifestarse contra la corrupción frente a la sede del municipio.
La periodista afectada sostiene que ambas acciones constituyen una flagrante violación a la libertad de prensa, al debido proceso y a las garantías constitucionales que amparan el ejercicio de la labor periodística. Este caso ha puesto en evidencia la preocupante situación que enfrentan los profesionales de la información cuando se atreven a cuestionar a las autoridades y denunciar actos de corrupción.
Durante la sesión del JEM en febrero de este año, el ministro Manuel Ramírez Candia se pronunció a favor de iniciar una investigación preliminar previa, con el objetivo de examinar minuciosamente las actuaciones tanto del juez como del fiscal involucrados. Por otro lado, el miembro Enrique Berni abogó por respetar lo establecido en el artículo 18 de la Ley 6814, que otorga al Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados la facultad oficiosa para investigar y garantizar el debido proceso.
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Finalmente, se aprobó remitir los antecedentes a la Dirección General de Asuntos Legales (D.G.A.L) para que analice la viabilidad de iniciar de oficio una investigación preliminar o un enjuiciamiento, respetando los plazos correspondientes. Los resultados de este análisis serán puestos a consideración del pleno del JEM para su estudio y decisión final el día de mañana en sesión ordinaria desde las 9:30 horas.
Este caso ha puesto sobre la mesa la necesidad de fortalecer los mecanismos de protección para los periodistas que cumplen con su deber de informar y fiscalizar a las autoridades. La sociedad paraguaya exige que se garantice el libre ejercicio de la profesión periodística, sin temor a represalias o censura por parte de aquellos que ostentan el poder.
Los ojos de la ciudadanía están puestos en el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, esperando una decisión valiente y ejemplar que reafirme el compromiso con la libertad de expresión y la lucha contra la corrupción.