Pobladores de asentamientos exigieron pagar G. 30.000 por recolección de basura en Coronel Oviedo

• Los manifestantes advirtieron con tomar medidas más severas si no obtienen una respuesta satisfactoria por parte de las autoridades municipales respecto al costo de la recolección de basura.
• La polémica surge debido a una diferencia en las tarifas de recolección de basura: G. 30.000 para viviendas precarias, y G. 38.000 para viviendas “normales”, según la ordenanza tributaria municipal.
• Se sospecha que un concejal podría estar incitando a la población para desestabilizar a la empresa actualmente contratada por la municipalidad, posiblemente con la intención de favorecer a otra empresa en particular.

Un grupo de aproximadamente cuarenta personas se congregó frente a la sede de la Municipalidad de Coronel Oviedo este jueves por la mañana, exigiendo que los concejales aborden su reclamo sobre el costo de la recolección de basura. Los manifestantes, en un tono de protesta, amenazaron con tomar medidas más drásticas si no recibían una respuesta satisfactoria.

La indignación de los manifestantes se originó en una discrepancia entre lo acordado en una sesión anterior y lo que les cobraron, argumentó en contacto con el programa Hablando Claro emitido por Radio Mundo Sol, uno de los manifestantes.

Según explicó Emilio Garay, representante del asentamiento 6 de enero, en una reunión previa se había establecido un precio de G. 30.000 para asentamientos con viviendas precarias. Sin embargo, al momento del cobro, se les solicitó G. 38.000, un monto destinado para viviendas consideradas “normales” según la ordenanza tributaria municipal.

Garay señaló que, aunque la normativa fue firmada por el intendente, no se ha actualizado, lo que podría resultar en cargos adicionales por mora. Afirmó que si no se corrige el costo, optarán por contratar un servicio “particular” de recolección de basura, en lugar de utilizar el servicio municipal. “Ellos nomás van a perder si fijan el precio acordado porque no vamos a firmar contrato con la empresa”, manifestó.

Garay es oriundo del asentamiento 6 de enero, donde están ubicadas unas 150 viviendas construidas por el Gobierno. El vecindario está asentado desde hace casi 20 años en el lugar y, pese al crecimiento poblacional y comunal, continúan siendo considerado un asentamiento de acuerdo con los documentos.

“El gobierno nos hizo la vivienda, pero no por eso tenemos que pagar más caro. Está mal y no vamos a aceptar. Figura como asentamiento, esa modificación nunca se hizo, entonces por qué vamos a pagar eso, no vamos a pagar 38.000”, sostuvo Garay.

Aparentemente, la cuestión de fondo tendría que ver con la intención de un concejal municipal que estaría agitando a un grupo de personas con la promesa de no cobrarles el servicio si desestabilizan a la empresa actualmente concesionada por la municipalidad, con el objetivo de para introducir otra empresa.

La ordenanza tributaria establece una tarifa de G. 38.000 para viviendas estándar y G. 30.000 para viviendas precarias, con exoneración para aquellas en situación de vulnerabilidad. En algunos sectores de la ciudad, el costo supera los G. 50.000. Finalmente, se llegó a un acuerdo donde la comuna se comprometió a fijar el monto de G. 30.000.

Para determinar estas diferencias, se realizará un censo en los territorios sociales para identificar las viviendas precarias, las viviendas estándar y las exoneradas por vulnerabilidad, así como los comercios en esos territorios, con tarifas que pueden alcanzar los G. 45.000 o incluso G. 51.000 en algunos casos.