Imputan por estafa a ex intendente de Carayaó

• La agente fiscal del Ministerio Público de Coronel Oviedo, Viviana Duarte Bojanovich, presentó formal imputación contra Gustavo Villar Cáceres, ex intendente municipal, durante dos periodos.
• Se lo investiga por un supuesto perjuicio de G. 200 millones a un comerciante de Coronel Oviedo, ya que habría emitido cheques a cuenta dela Municipalidad, ya cuando éste dejo de ser jefe comunal.
• La agente fiscal solicitó la imposición de medidas alternativas de prisión, prohibición de salida del país, firma periódica de libro de asistencia, entre otros, ante el juez de la causa, César Narváez.

El Ministerio Público de Coronel Oviedo, a través de la agente fiscal de la Unidad Penal Nº 2, Viviana Duarte Bojanovich, investiga un supuesto hecho punible de estafa, del cual habría sido víctima un comerciante, por el que fue imputado el ex intendente de esta localidad del Departamento Caaguazú, Celso Gustavo Villar Cáceres (51), de extracción colorada, este jueves 11 de octubre.

Villar Cáceres, fue intendente durante dos periodos municipales, la primera del 2006 al 2010, en tanto que fue reelecto para el periodo 2010 al 2015, cuando dejó el cargo en diciembre de aquel año, para que asuma el actual jefe comunal, Carlos Giménez, también de afiliación colorada.

De acuerdo a la carpeta fiscal y al acta de imputación, al cual tuvo acceso Oviedo Press, en fecha 30 de agosto de 2016, ocho meses y quince días después de dejar el cargo, Villar habría procedido a la compra de mercaderías varias, de la Distribuidora Ykua Kaaguy de Coronel Oviedo, propiedad de Julio Alcides Vera Martínez, por valor total de G. 200 millones, pagados a través de cheque, a cuenta dela Municipalidad de Carayaó.

Duarte Bojanovich, sostiene en su investigación fiscal, que este pago fue comprometido a través de fondos de Royaltíes de la comuna carayaoense, con cheques reales del banco Nacional de fomento, pero con cuenta corriente cancelada, en apariencia Villar se habría quedado con talones de la chequera municipal, ya no siendo ordenador de gasto, mucho menos intendente.

Al momento de querer efectivizar el millonario cheque, la supuesta víctima, Julio Alcides Vera Martínez, se encontró en ventanilla del BNF con la desagradable información de que la cuenta bancaria ya fue cancelada, ocasionándole un perjuicio patrimonial sumamente grave.

De acuerdo a informes bancarios remitidos por el BNF a la unidad fiscal investigadora, el número de cuenta a cuyo título Villar habría emitido el cheque fue habilitada en fecha 29 de marzo de 2010, durante su gestión como intendente, posteriormente, esta cuenta fue cancelada en fecha 11 de febrero de 2016, por la nueva administración comunal, de manera protocolar, es decir seis meses antes de que se cometiera la supuesta estafa.

Así mismo, la agente fiscal Duarte Bojanovich, invoca como agravantes a la conducta del imputado, Celso Gustavo Villar, las actas notariales de corte administrativo realizados en fecha 17 de diciembre de 2015, firmados por su puño y letra, en el que menciona no contar con talonarios o cheques de la institución municipal en su poder, como tampoco la existencia de deudas pendientes de pago, comprometidos con recursos municipales, y de existir éstas, asumió la responsabilidad del pago de las mismas.

El denunciante desconoce si su caso sería el único en el que Villar haya actuado de esta forma. La agente fiscal solicitó ante el juez penal de garantís, César Narváez, la imposición de medidas alternativas a la prisión preventiva, prohibición de salida del país, firma periódica del libro de asistencia, una caución real o fianza, que aseguren su sometimiento al proceso.

El plazo de investigación de la causa, solicitado por la agente interviniente es de cuatro meses, lapso en el cual se cotejarán hechos que conduzcan a una salida eventual a la controversia o acusar y elevar la causa a juicio oral y público, salida más cercana y real al proceso, dada las circunstancia y que ya han transcurrido más de dos años de la comisión de la supuesta estafa.

Celso Gustavo Villar Cáceres, se expone a una pena máxima de hasta cinco años de cárcel, según el Art. 187 del Código Penal Paraguayo, que tipifica el hecho punible de estafa, del cual es investigado.