Cambiar media docena por seis
- Parece una frase muy corriente, muy repetitiva. Es precisamente lo que nos viene a la mente cuando se producen circunstancias en las que un “golpe de timón”, giro o cambio, nos pareciera que no alteraría o produciría ningún tipo de variación en el curso de los acontecimientos, dicho en una magnitud mucho más superlativa, eso mismo, es lo que despierta en la percepción colectiva, el juicio político, contra la fiscal general del Estado, Sandra Quiñónez.
Por Néstor Castillo
@NestorcastCOV
En efecto, obviando por lejos el sesgo político que encierra a toda esta trama, no es menos cierto puntualizar que el Ministerio Público de la República del Paraguay, es tal vez de las instituciones más desprestigiadas, poco confiables y absolutamente dependientes de los poderes: económicos, políticos, fácticos, corporativos y de toda índole que tenga la posibilidad de subyugar a sus funcionarios, desde los de menor jerarquía, pasando por sus agentes fiscales y la propia máxima autoridad, Sandra Quiñónez.
Profundizar respecto a las causales y motivaciones para que Quiñónez sea destituida, en este artículo periodístico, quizá sea reiterativo, considerando el cúmulo de informaciones que rondan los medios masivos nacionales e internacionales, porque eso sí, la impunidad, inequidad y desigualdad jurídica de la que es responsable la Fiscalía, trasciende las fronteras mismas del Paraguay.
Si hoy la fiscal general, en apariencia, garantiza impunidad, connivencia y blinda a una facción política colorada, la del expresidente Horacio Cartes, a los de su movimiento Honor Colorado, y a los aliados de éstos, en contraposición se muestra implacable e insobornable con sus detractores.
Misma situación se traslada al interior de toda la institución, que en cada rincón de la Nación tiene sus claros ejemplos de vulnerabilidad miserable del sistema, en detrimento de legítimos derechos de víctimas, quienes antes que encontrar respuestas, chocan contra un muro infranqueable, la corrupción institucionalizada.
Coronel Oviedo no es la excepción, aquí a diario se viven casos llamativos de inacción, desidia, indiferencia, “vista gorda” y demás calificativos que pintan de cuerpo completo tal cual son en muchas circunstancias la fácil manera de ganarse favores o la implacabilidad, contra los más débiles. Hay otros renombrados casos, donde una fiscal incluso es protagonista de un plan de despojo de inmuebles en la ciudad, a vista de toda la ciudadanía, sin que esto siquiera la inmute en detenerse a analizar sobre su honorabilidad, buen nombre, o al menos, el decoro en el desempeño como representante y garante de la sociedad toda.
Por todas estas consideraciones, pero esencialmente sobre nuestra lánguida y triste experiencia a cuestas, tanto bajo regímenes dictatoriales o nuestra actual democracia, está visto que, este tipo de cambios no transmiten la más mínima confianza de que el estado de cosas o el rumbo de la justicia paraguaya vaya a cambiar, es analizar e internamente preguntarse: ¿En qué beneficiará esto al pueblo? ¿Tendremos un sistema mucho más independiente y equitativo? ¿O cual fusible descartable, se cambia uno deficiente y pone uno que cumplirá con las mismas tareas, sin alterar nada?
No estamos diciendo que, Sandra Quiñónez deba permanecer en el cargo, no, tiene suficientes méritos para ser removida pero, que esto no implique únicamente tener que resignarnos como ciudadanía a ver cómo cambian a los unos, por los otros, simplemente para cargarse con el “botín institucional” y a partir de allí comenzar a aprovecharse de los beneficios para sus espacios o cúpulas de poder, dejando de lado las necesidades reales del pueblo.
Permanezcamos expectantes a los acontecimientos y ante todo asumamos todos, como ciudadanía, el rol protagónico de no únicamente mirar estoicos cómo se van desencadenando las injusticias, luchemos contra ellas y cambiemos la perspectiva de menos tolerancia, hacia una democracia y estado social de derecho, mucho más justos.