Verdes arrozales evidencian bombeo incesante de agua por parte de empresarios
- La agente fiscal de la unidad medioambiental del Ministerio Público de Coronel Oviedo, Marta Leiva, tras 45 días de denuncias ciudadanas, recién este martes 25 de enero, dispuso ingresar a las cientas de hectáreas de arroz.
- Únicamente la comitiva fiscal (funcionarios) y el propietario de uno de los sembradíos en cuestión, Rodolfo Méndez, ingresaron al establecimiento. Leiva no permitió a los denunciantes que acompañen las diligencias, tampoco a trabajadores de prensa.
- Rodeado de pastizales amarillentos y secos (en el exterior), los arrozales lucen verdes, rozagantes al interior, evidenciando que es todos estos meses de sequía, agua no faltó a los arrozales, a pesar de que los propietarios niegan haber bombeado agua que, a la fiscal Leiva “no le consta” y no reúne aún elementos para imputar.
La lentitud procesal excesiva que el Ministerio Público, a través de las unidades fiscales medioambientales de Coronel Oviedo y Villarrica, han impulsado en torno a las denuncias de pobladores de la zona de Aguapety, en la cuenca del río Tebicuary, debido al bombeo permanente de agua y que ha generado una grave crisis ambiental, con el cauce disminuido y la sequía impactando al tope, ha generado todo tipo de reacciones ciudadanas, desde las manifestaciones, hasta las conjeturas de complicidad e incluso un asesinato, supuestamente vinculado a toda la inacción fiscal.
Las denuncias han sido formuladas a mediados del mes de diciembre de 2021, hace casi 45 días y recién, este martes 25 de enero de 2022, la agente fiscal de Coronel Oviedo, Marta Leiva, ha ingresado al inmueble de uno de los empresarios denunciados, Rodolfo Méndez, de manera a constituirse y recabar indicios acerca de si realmente se estaba bombeando agua desde los cauces hídricos de la zona, hasta las plantaciones de arroz, que en su conjunto sumarían cerca de 2.000 hectáreas.
A pesar de las evidencias arrimadas por los pobladores de la zona, placas fotográficas, videos y la situación de bajante crítica de los ríos y arroyos de la zona, que se convirtieron en finas “venas superficiales” de agua, notorios a simple vista, ni Marta Leiva, ni Érico Ávalos, fiscal del Guairá, han tenido elementos suficientes para imputarlos.
Es más, no es preciso ser técnico ni especialista en cuestiones hídricas, medioambientales o jurídicas, para notar a simple uso del sentido común, que el bombeo (negado por el empresario argentino Javier Chaliol y el ovetense Rodolfo Méndez) existió y persistió durante todo el verano, en medio de la bajante crítica del caudal y mediando una resolución de prohibición del MADES, que es plausible, simplemente mirando los campos de arroz.
Alrededor de las inacabables 2 mil hectáreas de plantaciones del cereal, se aprecia el color amarillento y seco de la vegetación y los pastizales que los rodean, sin embargo, adentro, se puede notar el verde y rozagante panorama de las cientas de hectáreas de arroz, evidenciando que nunca les faltó riego, proveniente de los ríos y arroyos, elemento básico que, a Marta Leiva “no le hace constar” de que los empresarios estuvieran bombeando agua, durante todo este tiempo.
Denunciantes y prensa, vedados de acompañar constitución fiscal
Alrededor de las 11:00 hs. de este martes 25 de enero, tras 45 días de formulada la denuncia inicial, finalmente Marta Leiva accedió a allanar el inmueble de Rodolfo Méndez, uno de los denunciados. En la parcela de 1.600 hectáreas de Javier Chaliol no pudo ingresar, ya que la había rehusado y solicitado que se aparte de la causa.
Únicamente la comitiva fiscal-policial, liderada por Leiva, junto con sus funcionarios, fue la que accedió hasta el inmueble de Méndez, de manera a recabar datos y analizar si dentro se están cometiendo delitos ambientales o existen evidencias de bombeo de agua, en plena vigencia de resolución de prohibición de bombeo, de parte del MADES.
Los pobladores de la zona, lamentan que la agente fiscal Marta Leiva haya prohibido que los denunciantes y demás interesados en los derechos ambientales de la comunidad, participen de la constitución, por lo que la suspicacia se acrecienta conforme avanzan las horas.
Leiva tampoco autorizó, ni permitió que los trabajadores de prensa que acompañan las diligencias, participen del allanamiento, ordenándoles que queden fuera del establecimiento a los periodistas locales, regionales y corresponsales de medios nacionales.
