Ley que castiga invasiones: campesinos e indígenas se extienden a San Pedro

  • Campesinos e indígenas bloquearon la ruta PY08 en la zona de Santa Rosa del Aguaray, Departamento de San Pedro, para manifestarse en contra del proyecto de ley por el que se amplía la condena por las invasiones de tierras. Tras varias horas, la arteria fue despejada.
  • Entre 500 a 700 personas se movilizan en los distintos puntos del departamento.
Campesinos e indígenas comienzan a despejar la ruta PY08 en la zona de Santa Rosa del Aguaray, en el Departamento de San Pedro. || Última Hora

Tras bloquear por varias horas la ruta PY08 en la zona de Santa Rosa del Aguaray, en San Pedro, campesinos e indígenas fueron despejando la vía. Los manifestantes están en contra del proyecto de ley por el que se amplía la condena por las invasiones de tierras y se movilizaron en varios puntos. Según informó el medio digital Última Hora.

Entre 500 a 700 personas se movilizan en los distintos puntos del departamento, informó el corresponsal de Última Hora Carlos Aquino. Las autoridades policiales y los manifestantes llegaron a un acuerdo para el despeje de la ruta.

Tras el desbloqueo, una gran cantidad de vehículos y colectivos con muchos pasajeros comenzaron a transitar.

Mientras que en Curuguaty, Departamento de Canindeyú, la situación es mucho más tensa, donde alrededor de 1.000 a 1.500 indígenas están amenazando con quemar el puente que cruza el río Curuguaty’i. Están apostados en el lugar desde el pasado lunes como medida de protesta.

En esa parte del país, son tres las zonas donde se realizan medidas de movilizaciones y medidas de fuerza, donde la mayoría de los bloqueos son realizados por indígenas.

El polémico proyecto de ley busca convertir en crimen al hecho punible de invasión de inmueble. Actualmente, el Código Penal establece para esta figura una pena de hasta dos años de prisión o multa.

La propuesta que debe estudiarse aumenta la pena a seis años en algunos casos y, cuando hay violencia y otros elementos más, hasta 10 años de cárcel. A partir de un marco penal de cinco años de prisión, los hechos punibles son considerados crímenes y no son posibles las medidas alternativas.

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