Funcionario de Agrofitosan admite esquema de estafa a productores

  • A través de varios audios, atribuidos al ingeniero Walter Darío Morínigo, fiscalizador de la empresa, este admite la existencia de “información profesional confiada a su trabajo”, abierto a divulgarlos.
  • Agrofitosan es denunciado por productores, aparentemente estafados, tras entregar granos a los silos de la empresa, que no han sido descontados de los compromisos crediticios que tienen con la firma.
  • A partir de allí, estarían fraguando documentaciones, con los que han promovido juicios ejecutivos, hipotecas y embargos, con los que buscan despojar a los productores de sus tierras, granos, vehículos y otros bienes.

Ingeniero Walter Darío Morínigo, fiscalizador de la empresa Agrofitosan || Facebook

La empresa de agronegocios Agrofitosan, propiedad de Atanasio Báez Dávalos y César Dávalos Iglesias, fue denunciada ante la unidad fiscal del agente del Ministerio Público de J. Eulogio Estigarribia, Rafael Ojeda, por Antonio Alcaraz, productor de la zona de 3 de Noviembre, Repatriación, ante un supuesto esquema de estafa, coacción y otros delitos, del cual sería víctima, de manera sistemática, desde hace más de un año.

La firma, de asistencia técnica, crediticia y acompañamiento al productor de granos (soja, maíz, trigo y otros), habría venido “ignorando” entregas de toneladas de semillas de un gran número de productores a sus silos, para luego iniciar o promover juicios ejecutivos, por supuestas faltas de pago.

Nota Relacionada: AGROFITOSAN denunciado por estafa y coacción

Alcaraz ha sido denunciado por una supuesta deuda de USD 49.128, con el consecuente embargo de sus tierras, maquinaria agrícola y otras medidas judiciales, que han provocado preocupación e intranquilidad en la supuesta víctima.

La causa se halla prácticamente estancada, sin mayores avances en la mencionada unidad fiscal, a pesar del cúmulo de elementos de prueba arrimados por la víctima.

A través de un audio, atribuido a Walter Darío Morínigo, funcionario de la firma Agrofitosan, éste admitiría ante un productor y abogados que llevan causas penales contra la empresa, la existencia del supuesto esquema de estafa y coacción, a través de prácticas financieras agresivas y desconociendo el cumplimiento de las obligaciones de los productores, para luego promover acciones judiciales, en la mayoría de los casos, con el afán de despojarlos de sus tierras y maquinarias.

Morínigo, quien sería fiscalizador en la zona de Nueva Toledo, Guahory, Casilla 2, Curuguaty, Vaquería y varias otras localidades de los departamentos de Caaguazú y Canindeyú, refiere a las prácticas de la empresa Agrofitosan, como “información profesional confiada a su trabajo”.

En los audios, el funcionario estaría dispuesto a colaborar con las investigaciones, divulgando es qué consisten estas prácticas, a cambio de algún tipo de acuerdo y rédito económico (cobro por hablar), dado que, según afirma su situación económica no es buena y estaría inclusive dispuesto a “vender sus pulmones“, a cambio de dinero.

En los audios, se entiende que el mismo recibiría precisas instrucciones de parte de sus superiores, para llevar a cabo las acciones administrativas y financieras, en contra de los productores, los cuales estaría dispuesto a compartir, a cambio de algún tipo de acuerdo.

Inclusive, al igual que lo ya afirmado por la supuesta víctima, Antonio Alcaraz, ante Fiscalía, acerca de la existencia de más afectados o víctima de Agrofitosan, Morínigo admite en uno de los audios que, existirían un grupo grande, de muchos (productores) cuyos casos el tendría conocimiento y los estaría manejando y estarían representando mucho compromiso para Agrofitosan, debido a los mecanismos de supuesto despojo que, estarían activando, en contra de los trabajadores del campo.

Tanto Alcaraz, como varios otros productores afectados, aguardan una investigación seria y objetiva, por parte del Ministerio Público, ya que ante varias instancias judiciales anteriores, la firma a logrado impulsar y avanzar en sus acciones contra los productores, lo cual consideran debe ser revertido, porque existen elementos suficientes, que probarían la manipulación de las deudas y compromisos crediticios de éstos, por parte de la firma.

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