Digno Caballero y el negocio de la basura
- El intendente cartista se encuentra sumido en varias supuestas irregularidades que lo sindican como uno de los presuntos violadores de leyes ambientales en Minga Guazú (Alto Paraná).
- Contrata, descontrata y vuelve a contratar empresas que realizan en servicio, y una de ella fue denunciada por infringir las normativas medioambientales.
- Ahora surgen informaciones que evidencian un supuesto interés de “agarrar” el negocio de la basura.
El Ministerio Público, el pasado 14 de agosto, solicitó la clausura del vertedero ubicado en el kilómetro 20, distrito de Minga Guazú, a ocho kilómetros de la Ruta02py, lado Monday.
Sin embargo, de acuerdo con la denuncia la municipalidad sigue depositando en el lugar basura transportada a través de la empresa SERTECO, que viola las disposiciones ambientales en lo referente a la recolección, transporte y disposición final de toda la basura que se produce en la ciudad de Minga Guazú.
Hasta la fecha el Ministerio Público no se animó a imputar al intendente cartista, Digno Caballero quien, según la denuncia, contrató a la empresa de Feliciano Ríos Ocampos, sin que esta cumpla los mínimos requisitos exigidos por el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible.
Antecedentes
En el año 2017 el intendente, Digno Caballero, realizó varias reuniones con empresarios de Argentina, para concretar un proyecto que tenía como objetivo resolver la problemática de la basura, con una millonaria inversión del sector privado.
El grupo empresarial tenía proyectado la inversión de, al menos, 2.5 millones de dólares para implementar un sistema de trabajo con maquinarias y logística que permitiría la recolección y reciclado de los residuos. La inversión también apuntaba a la utilización de camiones compactadores.
El proyecto estaba basado en las normativas vigentes en materia de medio ambiente, para garantizar que el municipio no incurra en irregularidades o delitos contra el medio ambiente.
De acuerdo con la información a la que accedió OviedoPress, todo lo proyectado “cayó” cuando el intendente Digno Caballero, supuestamente habría querido tener participación en el negocio. De acuerdo con los datos obtenidos, habría propuesto que su hijo forme parte del directorio de la empresa, para poder “controlar” que todo esté bien.
Nada se pudo hacer en forma desde entonces, y hoy día en Minga Guazú, camiones que no cumplen las especificaciones exigidas son los que sirven para transportar basura y son depositadas en un vertedero clausurado.
Feliciano Ríos Ocampos, imputado por la Fiscalía por crimen ecológico, sigue depositando basura en el predio en cuestión pee a estar clausurado por orden judicial. El mismo es el representante de Serteco, quien sería testaferro del intendente de Minga Guazú, Digno Caballero quien llamativamente hasta ahora no ha sido procesado por el Ministerio Público. Ríos Ocampos, un año atrás ya sido condenado por un hecho similar, y en el mismo lugar.
“Por las noches pasan muchas cosas”
Esta fue la respuesta dada por el fiscal especializado en delitos contra el medio ambiente, Alcides Giménez, cuando fue consultado sobre “cómo puede ser que de la noche a la mañana, un vertedero clausurado, puede contar con licencia del Ministerio del Ambiente”.
El pasado 08 de setiembre, el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible, aprobó el estudio de impacto ambiental presentado por la municipalidad de Minga Guazú. De acuerdo con lo expuesto en el documento oficial del Ministerio del Ambiente, se trata de un proyecto ambicioso desde el punto de vista de infraestructura, que tendría un costo aproximado de USD 5 millones.
Otro de los cuestionamientos es que la municipalidad no tiene destinado el presupuesto por que no ha sido programado.
De acuerdo con lo manifestado por el denunciante, Francisco Gómez Marsal, otras de las irregularidades que evidencia una connivencia delictual, entre el intendente municipal y la empresa Serteco, es que ambas instituciones cuentan con los mismos asesores jurídicos.
Con la aprobación de la licencia ambiental, el MADES se une a la acción e intención del Ministerio Público, de no imputar al intendente Digno Caballero, pese a las evidencias de supuestos crímenes cometidos en complicidad con la empresa, de la que se presume, es propietario de hecho y que utiliza a personas como testaferro de la misma.