Paso Yobái: Política, oro y poder
- El conflicto existente en el distrito de Paso Yobái, departamento de Guairá, es de grandes intereses generados desde que fue descubierto el negocio de la minería. El poder político está en puja en la explotación subterránea del lugar en busca de oro y nombres políticos saltan como los influyentes en las acciones judiciales que deja a personas sin trabajo y a detenidos por una intervención fiscal policial que, de manera inusitada, actúan en el lugar.
Pasaron 49 días desde que los integrantes de la Coordinadora de Pequeños Mineros no pueden ingresar hasta el lugar denominado Estancia Temi, propiedad de Jochen Langer, donde realizan excavaciones mineras en busca de oro. El lugar, de acuerdo con los documentos presentados por los pequeños mineros, fue cedido por la empresa Latin American Minerals Paraguay Sociedad Anónima (LAMPA SA), beneficiada con la concesión otorgada por el Estado Paraguayo a través de la Ley 2079/03.
Paso Yobái es uno de los 18 distrito que conforman el departamento de Guairá cuya población rural compone el 92 porciento del total. En el lugar se conformó la Coordinadora de Pequeños Mineros que aglutina a 106 asociaciones que a su vez están conformadas por 50 personas, cada una, totalizando 5.200 integrantes de la coordinadora que se dedican al proceso de excavar, molinar y extraer oro.
Sin embargo, los trabajadores de la Coordinadora han sido impedidos para ingresar al lugar, debido a que supuestamente, el propietario del inmueble habría vendido unas 60 hectáreas, la que afecta el área de trabajo de los mineros quienes prestan servicio a la empresa propietaria de la concesión para la explotación de minerales metálicos y no metálicos en el área.
El contrato de prestación de servicios, entre LAMPA SA y la Coordinadora de Pequeños Mineros, determina que, en un área de 15 hectáreas, los integrantes de la coordinadora realizarán trabajos de limpieza del área y extracción de minerales.
En el documento se consigna que, previo a este acuerdo laborar entre LAMPA y los mineros, se ha obtenido el acuerdo correspondiente del propietario del inmueble, Jochen Langer, donde se encuentra asentada el área de 15 hectáreas determinadas como área de trabajo.
En diciembre del 2019 inició el conflicto judicial que llevó a la Coordinadora de Pequeños Mineros, a solicitar una medida cautelar para que puedan seguir operando en el lugar. El propietario del inmueble resolvió, de manera unilateral, que los mineros ya no ingresen al lugar para realizar los trabajos para la empresa LAMPA.
El 24 de diciembre, la jueza Vanessa Miño Fernández, resolvió hacer lugar a la medida planteada por la Coordinadora de Pequeños Mineros, a través de la cual se dispuso la apertura del portón del establecimiento para que los trabajadores ingresen al lugar y operen con las maquinarias de excavaciones y molinos centrífugas, que permiten la búsqueda y extracción de metales.
El pasado sábado 24 de setiembre, amparados en la medida cautelar vigente, 22 integrantes de la Coordinadora de Pequeños Mineros ingresaron al inmueble para reiniciar los trabajos, luego de 47 días sin operar en el lugar, porque en el acceso otro grupo de trabajadores mineros quienes, según la denuncia, están amparados por Antonio Colmán, supuesto socio del exintendente municipal y exconcejal departamental, Oscar Chávez, impidieron que los de la coordinadora sigan operando en el lugar.
Natividad Núñez Fernández, vicepresidente de la Coordinadora, afirma que Antonio Colmán desea usurpar el espacio donde sus integrantes trabajan y que tiene respaldo del Ministerio Público. Señaló a Oscar Chávez y al político Pipo Alfonso como los responsables de la persecución de la fiscalía, porque ambos son amigos y protegidos del expresidente Horacio Cartes.
Otro integrante de la coordinadora fue más explícito al decir, “el intendente de de Paso Yobái pues es del equipo político del senador Friedmann y por eso viene todo este ataque”, al hacer referencia al Ronald Vázquez.
Ante la información del ingreso al lugar, el propietario Jochen Langer, denunció ante el Ministerio Público la invasión a su propiedad, por personas innominadas y rápidamente acudieron al lugar, la agente fiscal María Unger y el Comisario Principal Elber Franco, director departamental (Guairá) de la Policía.
María Unger, acompañado del abogado de Langer, Samuel Cardozo y en compañía de la apoderada de la Coordinadora de Pequeños Productores, Fabiana Colina, ingresaron hasta el lugar donde estaban los 22 trabajadores, con el aparente objetivo de individualizarlos.
Ante esta nueva denuncia, que fue presentada por el propietario del inmueble, se llegó a un acuerdo en el que cada integrante de la Coordinadora deberá portar un carné identificador. Sin embargo, se duda que ese sea el problema real, teniendo en cuenta que un nuevo grupo de personas pretende desplazar a los actuales trabajadores, para producir oro, supuestamente, bajo el mando de Antonio Colmán.
Los miembros de la Coordinadora consideran un amedrentamiento del la Unidad Fiscal del Medio Ambiente, a cargo de Erico Ávalos, haber imputado al presidente Abrahan Almada y Daniel Benítez, quien realiza trabajos de excavación con sus maquinarias, contratado por la organización, además Ismael Almada Fernández, Rodolfo Almada Fernández y Digno Emérito Riveros
“Ahora, luego de dos años hablan de daño al medio ambiente, y esta concesión no pudo haberse hecha si es que no se contaba con una licencia de impacto ambiental”, manifestaron.
Por su parte la abogada, Fabiana Colina, dijo que la Ley de Concesión de la cual es beneficiada LAMPA SA y extensiva a la Coordinadora, a través del contrato de prestación de servicios, genera condiciones sobre el derecho del propietario del inmueble.
“Ellos siguen pretendiendo sobre su propiedad, derecho absoluto, pero con la concesión se pierde el derecho absoluto”, manifestó la abogada.
El 24 de diciembre, la jueza Vanessa Miño Fernández, resolvió hacer lugar a la medida planteada por la Coordinadora de Pequeños Mineros, a través de la cual se dispuso la apertura del portón del establecimiento para que los trabajadores ingresen al lugar y operen con las maquinarias de excavaciones y molinos centrífugas, que permiten la búsqueda y extracción de metales.
El fiscal Erico Ávalos fue recusado y ahora la causa, de manera interina, está en las manos de las fiscales, Marta Leiva y Lisa Martínez, quienes el pasado domingo se constituyeron en Paso Yobái para verificar la presencia de los integrantes de la Coordinadora en el inmueble donde, desde hace dos años, trabajan en la extracción de minas.
“Si les encontrábamos en el lugar lo íbamos aprehender”, afirmó de manera categórica la agente fiscal Marta Leiva, en contacto con OviedoPress.
Hoy la situación planteada es la usurpación, por parte de quienes pesan kilos de oro, a quienes pesan gramos y deben distribuirse entre una gran población rural del lugar.
El poder político demuestra su fuerte incursión en el negocio para lo cual recurren a las instituciones que pudieran realizar acciones para allanar camino a través de la eliminación de quienes pueden ofrecerles resistencia con el fin de garantizar el trabajo de un grupo de 5.200 familias, que de manera extensiva afecta a 25 mil personas.
