Peña predica transparencia pero promueve medidas que abren las puertas a la corrupción

• En diciembre de 2023, el presidente Santiago Peña vetó un proyecto que buscaba evitar que las rendiciones de cuentas se desvíen del control efectivo de la Contraloría General de la República, favoreciendo prácticas que limitan la fiscalización.
• Peña respaldó el archivo de un proyecto que buscaba incluir los fondos sociales de Itaipú y Yacyretá en el presupuesto nacional, limitando el control del Congreso y organismos de fiscalización ante sospechas de irregularidades.
• El gobierno permitió que la Contraloría absorbiera la Secretaría Nacional Anticorrupción, un movimiento visto como un “premio” por la falta de acción contra irregularidades, debilitando la lucha anticorrupción.

Aunque el presidente de la República, Santiago Peña, insiste públicamente en su compromiso con la transparencia, sus acciones al frente del Ejecutivo reflejan lo contrario. En varios episodios clave, Peña avalaló decisiones que limitan la fiscalización estatal, debilitan leyes anticorrupción y blindan el uso de fondos públicos de controles efectivos.

Uno de los casos más relevantes fue su veto en diciembre de 2023 a un proyecto de ley que pretendía impedir que las rendiciones de cuentas se desvíen del control de la Contraloría General de la República (CGR) mediante el Tribunal de Cuentas. Esta práctica fue históricamente utilizada para “blanquear” administraciones cuestionadas, ya que el Tribunal, sin atribuciones constitucionales ni capacidad técnica suficiente, al validar rendiciones permite alegar que los casos ya fueron “juzgados”.

A esto se suma la promulgación de una versión mutilada de la Ley de Conflicto de Intereses, en enero de 2024, lo que permitió que el propio Peña omitiera en su declaración jurada sus acciones en Ueno Holding. Dicha empresa fue posteriormente beneficiada con millonarios contratos estatales, revelando un claro conflicto de interés.

El mandatario también respaldó el archivo del proyecto de ley que buscaba incluir los fondos sociales de las binacionales Itaipú y Yacyretá en el Presupuesto General de la Nación, lo que hubiera facilitado su control por parte del Congreso, la CGR, la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) y la ciudadanía. Estos recursos fueron objeto de sospechas por supuestas compras irregulares, como pupitres, ambulancias y equipos de espionaje legal.

Mientras tanto, el contralor Camilo Benítez fue señalado por su cercanía con el oficialismo, mostrando en varios casos una actitud más cercana a la defensa del presidente que al rol de fiscalizador. En particular, no investigó la mansión de Peña en San Bernardino ni su omisión de bonos en la declaración jurada de intereses.

Finalmente, el gobierno consolidó su control sobre los organismos de fiscalización al permitir que la Contraloría absorba la Secretaría Nacional Anticorrupción, en un movimiento que fue percibido como un “premio” por su inacción.

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