USD 95 millones en indemnizaciones: solo las víctimas reales deben cobrar
- La Defensoría del Pueblo recibió casi 14.000 expedientes de personas que afirman haber sufrido durante la dictadura.
- Desde 2002, el Estado desembolsó unos USD 95 millones en concepto de indemnización.
- Un estricto control evita que se beneficien quienes no logran acreditar haber sido víctimas reales.
El proceso de indemnización a las víctimas de la dictadura sigue en marcha en Paraguay, con la Defensoría del Pueblo al frente de la revisión y validación de miles de solicitudes. Desde que se habilitó este derecho en el año 2002, el Estado paraguayo ya desembolsó cerca de “95 millones de dólares”, según informó el defensor del pueblo, Rafael Ávila, una entrevista.
La cifra refleja el volumen de personas que han buscado un resarcimiento económico por los abusos sufridos durante el régimen dictatorial, aunque no todas las solicitudes son legítimas. “Lamentablemente hay muchos que intentan cobrar sin ser realmente víctimas”, advirtió Ávila, destacando la rigurosidad con la que su equipo trata cada expediente.
Cuando asumió el cargo, el defensor encontró cerca de 14.000 expedientes acumulados. Durante sus dos años y medio de gestión, lograron revisar aproximadamente 9.000 de ellos. “Una parte importante fue aceptada y enviada al Ministerio de Economía para su tramitación. Pero muchos otros fueron descartados por estar incompletos o carecer de fundamentos”, explicó.
El proceso implica un análisis detallado de la documentación presentada, y solo los casos que cumplen con los criterios establecidos son derivados para su pago. Aquellos que no cuentan con la evidencia necesaria son rechazados o pasan a la categoría de caducidad. “El control es muy estricto porque no podemos permitir que se burlen de este proceso personas que no tienen sustento para reclamar”, afirmó Ávila.
La Defensoría del Pueblo continúa trabajando con los documentos que aún quedan por revisar, con el objetivo de asegurar que el resarcimiento llegue únicamente a quienes verdaderamente padecieron violaciones de derechos humanos durante la dictadura. “Vamos a garantizar que solo las víctimas legítimas reciban el beneficio”, concluyó el defensor.
